Demanda alcalde a concilio de Yuma

Yuma— En lo más reciente de lo que parecer ser una situación de "ojo por ojo" entre el Concilio de la Ciudad de Yuma y el alcalde Alan L. Krieger, la ciudad ha sido notificada de que el alcalde ha presentado una demanda contra seis miembros del concilio de la ciudad, el administrador de la ciudad Greg Wilkinson y el director de finanzas, Pat Wicks, en sus capacidades oficiales.

En la demanda de Krieger, presentada el 6 de febrero pasado ante el Tribunal Superior del Condado de Yuma, está pidiendo 15,525 dólares con 25 centavos, el monto según dice en honorarios legales acumulados pagados del bolsillo de Krieger para defenderse de una investigación presentada el año pasado por los demás miembros del consejo.

Al ser contactado la semana pasada, Krieger se negó a hacer más comentarios sobre su demanda.

A varios de los acusados les fue presentada una notificación el pasado jueves.

El día anterior, Krieger acordó pagar los reembolsos de millajes que supuestamente se había inapropiadamente pagado a si mismo del fondo de caja chica de la ciudad en los últimos dos años fiscales. La cuestión se planteó durante la reunión del Concilio de Yuma del miércoles anterior por el concejal Edward C. Thomas, quien dijo que Krieger había recibido más de 800 dólares del fondo de la caja chica sin presentar la documentación adecuada.

Es muy probable que el Ayuntamiento contrate a un abogado externo para defender la demanda presentada por Krieger, dio a conocer Wilkinson, porque el Procurador de la Ciudad, Steve Moore, representa a la ciudad, su personal, el consejo y al mismo alcalde.

"Como el alcalde es quien está demandando a la ciudad, sus concejales y personal, el abogado de la ciudad tiene un conflicto legal y no puede participar o dar asesoramiento jurídico a ambos lados", dijo Wilkinson. "Un abogado que no se excusa de intervenir en caso de conflicto podría enfrentar consecuencias graves en la Barra de Abogados del Estado de Arizona. Por tal motivo, se tendrá que contratarse abogados externos".

La ciudad no hará ninguna declaración adicional sobre esta demanda hasta que el caso llegue concluya, ya que no hace comentarios sobre litigios en curso, dijo Dave Nash, vocero de la ciudad.

Miembros del Consejo votaron el 1 de febrero de 2012, para contratar a un abogado especial independiente para que investigue las denuncias de mala conducta presentadas por Krieger que fue sacado a la luz públicamente por un ex alcalde de Yuma expresadas durante una reunión del consejo.

El informe del fiscal independiente especial fue dado a conocer el pasado 14 de mayo. El informe concluyó que sí había pruebas suficientes de que Krieger "haya incurrido en falta como miembro electo que constituye violaciones de conflicto de interés según los estatutos sobre conflicto de Arizona, la Ley de Reuniones Abiertas, mal uso posible de información confidencial de empleados federales bajo la Ley Federal de Privacidad, amenaza y coacción hacia los miembros del consejo de cambiar o asegurar sus votos a su favor y en contra de esta investigación para su beneficio personal, conducta abusiva o inapropiada dirigida a los demás miembros del cuerpo legislativo, de funcionarios de la ciudad, y posiblemente del personal de la ciudad, y violaciones a las restricciones de la Carta de la Ciudad de Yuma donde se establece la forma del Consejo-Administración de gobierno y la prohibición de interferencia en la administración del gobierno de la Ciudad".

Subsecuentemente el Concilio de la Ciudad de Yuma aprobó una resolución aceptando las conclusiones del Consejero Especial, la censura de Krieger y ordenó que los resultados fueran enviados "a las autoridades correspondientes para la consideración de posible aplicación de medidas según lo dispuesto por la ley".

Cuando una investigación está en curso, los resultados se remiten a la Oficina del Procurador General de Arizona.

Krieger está representado por Joshua W. Carden, abogado de la firma Davis Miles McGuire Gardner PLLC con sede en Tempe.

Carden también está representando al comité político "Recall Them All 2012", que tiene otra demanda contra el condado y la ciudad, en un intento de anular un intento fallido de desafuero de dos miembros del consejo. Ese caso fue remitido recientemente por la Corte Suprema de Arizona de nuevo a la Corte Superior.