Proponen serios recortes al gasto público

Yuma— Millones de dólares en salarios de miles de empleados federales del área de Yuma podrían perderse si un recorte obligatorio de empleos (Sequestration) se vuelve una realidad.

El Campo de Pruebas de Yuma (Yuma Proving Ground -YPG) por sí solo podría recortar su nómina de empleados civiles hasta en 3.6 millones de dólares (mdd) si los permisos de salida sin goce de sueldo (furloughs) que se están discutiendo entran en vigor en la propuesta de fuertes recortes al gasto público. YPG emplea directamente a 700 civiles.

Chuck Wullenjohn, portavoz de YPG, dijo que el liderazgo ha sido mantener al personal informado a través del correo electrónico.

"Está sin duda en las mentes de la gente", dijo. "Ellos están deseosos de información".

El recorte obligatorio de empleos duraría 10 años y recortaría 1.2 trillones de dólares (tdd) de los gastos del gobierno, la mitad de la defensa. Los recortes a los gastos de este año da inicio el 1 de marzo a menos que se apruebe una legislación para evitarlo.

Para el Departamento de Defensa en general, eso significa 46 bdd en lo que resta del año fiscal. Cerca de 5 bdd de esos ahorros podrían venir de los permisos de salida sin goce de sueldo— de alrededor de 800,000 empleados civiles.

Los permisos de salida (furloughs) posibles sería durante ocho horas a la semana, todas las semanas, a partir del 25 de abril y duraría hasta el final del año fiscal el 30 de septiembre. Eso es por lo general un día de cambio, aunque YPG ya opera en cuatro días a la semana, con los trabajadores reportándose a trabajar cuatro turnos de 10 horas.

De qué forma se recortarían aquí las ocho horas aún está por verse. Sería, sin embargo, una pérdida de 20 por ciento de sus ingresos durante cinco meses.

"Ese dinero, se regresa a la comunidad", dijo Wullenjohn.

También se está estudiando un ajuste de fondos para el personal bajo contrato, el cual, adicionalmente, emplea a más de 1,000 personas. En otros posibles recortes, YPG podría perder dinero para el mantenimiento y reparación de sus instalaciones.

El programa de pasantías de verano de 2013, que dio a 21 estudiantes universitarios experiencia directa de trabajo en el el año pasado, podría ser eliminado.

Los recortes no afectan a personal militar en servicio activo, que son un grupo más pequeño en YPG y uno grande en la Estación de la Base Aérea de la Infantería de Marina de Yuma (MCAS). Aún así, MCAS también tiene una lista de personal civil significativa. La capitana Staci Reidinger, portavoz de MCAS, dio a conocer que la base cuenta con unos 900 civiles, aparte de empleados contratados. Y aunque no estaba segura de cuál sería el impacto en la nómina de permisos de salida (furloughs), esos 900 trabajadores representan alrededor de 50 mdd en salarios.

Informó Reidinger que MCAS es la estación aérea más ocupada de la Infantería de Marina, y que el oficial al mando de la base ha previsto reunirse con el personal civil para hacerles saber que mucho valoran sus contribuciones.

Los civiles tienen trabajos desde gerentes financieros y analistas de presupuesto, operaciones de línea de vuelo y gestión de alcance, hasta el cuidado infantil y servicios médicos.

"El trabajo de todos es importante", dijo Reidinger.

Señaló que desea que la gente sepa que la base está tratando de ser eficiente y atenta con cualquier recorte, y que la gente está enfrentando la situación que se avecina de la mejor manera.

Un portavoz de otra fuerza de alto perfil en el área de Yuma, la Aduana y Patrulla Fronteriza (CBP), señaló el reciente discurso ante los senadores hecho por la secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano.

Hablando en términos generales, el 14 de febrero pasado, Napolitano dijo al Comité de Apropiaciones del Senado que los recortes a los fondos de la CBP aumentaría los tiempos de espera en los aeropuertos, afectarán la seguridad entre los puertos de entrada terrestres, la detección y entrada lenta para los viajeros que cruzan a EE.UU., reduciría las horas extras para operaciones de primera línea y disminuiría la contratación de reposición. En concreto, la agencia tendría que reducir las horas de trabajo por un equivalente de más de 5,000 oficiales de la Patrulla Fronteriza y más de 2,750 agentes de la CBP.