Beneplácito por suspensión de partes de la SB 1070

 Yuma, Arizona - Con beneplácito fue recibida aquí la noticia sobre la suspensión parcial de la la ley SB 1070 que entraría en vigor el jueves.

La juez federal Susan Bolton, titular de la Corte de Distrito en Phoenix, ordenó el miércoles la no aplicación de cuatro preceptos de la ley:

El que requeriría a los policías locales cuestionar y verificar el estatus migratorio legal de las personas detenidas, si hay una sospecha razonable de que están  de forma irregular en el país; el que convertiría en un delito la falta de documentos de estancia legal en el país; el que  criminalizaría a los indocumentados que soliciten u obtengan un empleo; y el que autorizaría la detención, sin  necesidad de orden de arresto, de cualquier persona que se sospecha haya cometido una falta que justifica remoción del país.

“Nos da mucho gusto que esas partes no se van a aplicar, porque son las que más daño iban a causar. Aunque sabemos que esto va a llegar a la Corte Suprema, el que la juez haya bloqueado esa parte de la ley es una buena señal”, afirmó Ramona Corrales, directora ejectiva de Chicanos Por La Causa y miembro de la Alianza de Liderazgo Comunitario (ALC).

Corrales precisó que la decisión de la juez no debe tomarse como una guerra ganada para la comunidad migrante: “Hay una atmósfera racista en Arizona que no va a terminar, y solo será posible enfrentarla con una reforma justa a nivel federal”, señaló.

Glenn Gimbut, abogado del Ayuntamiento de San Luis, dijo que se espera una apelación de parte de la gobernadora, Jane Brewer, a la decisión de la juez Bolton; pero también una apelación del gobierno federal a la orden de aplicar varios segmentos de la ley, entre ellos la criminalización de las personas que transporten inmigrantes indocumentados.

Además -advirtió- quedó intacto el precepto de ley que permite a cualquier persona demandar a la agencia, incluyendo ayuntamientos, que considere que está restringiendo la aplicación de la leyes migratorias.

El alcade de Somerton, Martín Porchasm, comentó que la suspensión de la ley evita un riesgo a las finanzas de la ciudad: “Me siento contento porque no va haber un costo para la ciudad al tener que aplicar otra ley. El Departamento de Policía no va a tener que desviar la atención de lo que más nos preocupa, la seguridad pública”, dijo.

“No estoy en contra de los controles a la inmigración, pero siempre pensé que esa ley no era lo mejor para hacerlo, porque iba a afectar a toda la comunidad”, agregó.

La decisión de la juez permitió al concilio de San Luis suspender algunos cambios que se harían a los procedimientos de operación del Departamento de Policía: “Ya no es necesario; nuestros oficiales procederán como lo han hecho si paran o detienen a una persona, llamando a la Patrulla Fronteriza; todo va a seguir igual’, expuso el Jefe de Policía, Rick Flores.

Las policías locales, por determinación del gobierno estatal, ya estaban siendo entrenadas en la aplicación de la ley SB 1070.

El vicealcalde de San Luis, Gerardo Sánchez, subrayó que ahora la comunidad tiene la responsabilidad de “obtener la ciudadanía y registrarse para votar”.

“Lo que está pasando con todas estas propuestas antiinmigrante es porque no participamos eligiendo a las personas adecuadas. Me da mucho gusto que se haga algo en Arizona para que nos dejen de ver como un estado antiinmigrante, pero la comunidad debe ser responsable ejerciendo sus ogligaciones y derechos”, señaló.

Los entrevistados dijeron que aún deben seguir de cerca el paso de la ley en las cortes, ya que varias demandas están pendientes de procesarse, y se prevé el uso del recurso de apelación por ambas partes.