Propuesta de Dean Martin pone atención en cuestión

 Mientras que algunas personas tal vez puedan cuestionar los motivos detrás de la propuesta para la inmigración ilegal propuesta por Dean Martin, tesorero de Arizona — quien se informa planea postularse para gobernador este año — no obstante, puso de relieve una falla que data desde hace tiempo por parte del gobierno federal.

 Martin dijo que Arizona debería ser reembolsada por el costo de inmigrantes indocumentados en prisión quienes han violado las leyes estatales. El miércoles de la semana pasada él estimó que actualmente el gobierno federal adeuda a Arizona cerca de 1 billón de dólares por estos costos, a pesar de haber el Congreso autorizado pagos a los estados bajo el programa de asistencia "State Criminal Alien Assistance Program (SCAAP)" más de una década atrás.

 El Tesorero del Estado sugirió que tal vez utilizaría su autoridad como tesorero estatal para demandar legalmente al gobierno federal por dinero, el cual Arizona necesita debido a la actual crisis fiscal.

 No obstante que probablemente cuente con la aprobación de muchos residentes del estado quienes no están de acuerdo en estar pagando el costo de la inmigración de indocumentados, el asunto es más complicado que solo sencillamente presentar una demanda legal.

 Primero, años de esfuerzos por parte de los líderes políticos de Arizona han fracasado en obtener más de solo pequeñas cantidades. Y segundo, la oficina del Procurador Federal señaló que la ley de SCAAP específicamente prohíbe las demandas legales para forzar pagos.

 Eso esencialmente deja el método de persuasión como única forma de obtener dinero, algo que en el pasado no ha demostrado tener mucho éxito, y parece ser que Martin no tiene mejores soluciones. Sin embargo, no hace daño señalar el problema existente, y tratar de nuevo ciertamente tampoco hace daño.

 La realidad es que el Congreso y la Casa Blanca por años ha empujado la mayoría de estos costos en los estados, y ellos saben que los estados tendrán que enfrentarlos a menos que ellos permitan que los criminales indocumentados se queden sin recibir su castigo.

 De cualquier manera, los contribuyentes terminan pagando por el encarcelamiento de los criminales, pero en realidad es una responsabilidad del gobierno federal de tratar con la gente que entra ilegalmente a este país.