Algunos políticos mexicanos no están de acuerdo con el combate a las drogas

Cuando el entonces nuevo presidente de Mexico Felipe Calderón, lanzó un operativo —dirigido por los servicios armados— contra los poderosos carteles de narcotráfico en diciembre del 2006, su estrategia ganó amplio apoyo en este país. Pero su método de enfrentamiento no ha ido como se planeó. Al menos 44,000 personas —y de acuerdo a un estimado, quizás hasta 52,000— han falledio a causa del brote de violencia durante los últimos cinco años. Poco a poco, esta realidad desagradable ha provocado a segmentos grandes de la población mexicana y, tal vez aún más importante, los principales líderes políticos a desencantarse con la guerra contra las drogas.
Hubo señales del creciente descontento tan lejos como a finales del 2008. Rubén Aguilar, el ex director de comunicación para el presidente, sorprendió a su ex jefe y a otros integrantes del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) cuando propuso el inicio de negociaciones con los carteles, esencialmente permitiendo que condujeran su negocio a cambio de un compromiso para parar los secuestros, la tortura y asesinatos brutales. Aguilar aun tuvo a voluntad de considerar la legalización completa de drogas.
“No vamos a eliminar el narcotráfico”, declaró en una entrevista con un periódico mexicano, pero “podemos diminuir la violencia con que quieren fortalecer sus lugares de operación”. Al mínimo, predijo que las negociaciones probablemente llevaran a “reglas del juego” menos destructivos entre los cartels que compiten.
Otros defensores de un cambio comenzaron a expresar sus opiniones también. “La gente de México está perdiendo la esperanza y se insta al congreso, a los partidos políticos y al presidente que reconsideren esta estrategia”, señaló el senador Ramo Galindo, un partidario de Calderón, varios meses después de la entrevista de Aguilar. Galindo puede tener un punto de vista especial para alarmarse, ya que él es el ex presidente municipal de Ciudad Juárez, la cual se ha convertido en el epicentro de la violencia relacionada con drogas desde que Calderón asumiera la presidencia. La legislatura de Chihuahua, el estado en que se ubica Ciudad Juárez, organizó un debate en julio del 2009 sobre la cuestión si la estrategia de Calderón se hubiera convertido en un “fracaso completo”.
El gobierno de Calderón y la mayoría de sus aliados políticos respondieron a sus críticos y rechazaron sumariamente las sugerencias que llegaran a una acuerdo con los carteles para reducir la violencia. Un diputado prominente del congreso de México calificó como “locura” la propuesta de Aguilar para negociaciones. Otro afirmó: “No puedes hacer acuerdos con rateros, menos de todos las organizaciones delictivas”. Más bien se comprometió a “no solamente enfrentarlos, sino derrotarlos con toda la fuerza del estado”.
Pero la situación se ha empeorado para el presidente acosado desde la serie inicial de propuestas para acomodar a los carteles de narcotráfico. No solamente ha alcanzado la ya alarmante taza de víctimas aún más en el 2010 y 2011, sino la violencia se ha extendido a los lugares típicos — la ciudades a lo largo de la frontera con Estados Unidos — hasta áreas anteriormente tranquilas. Este cambio ha provocado sentimientos de frustración y preocupación entre todos los mexicanos.
La más famosa defección de los defensores de la guerra contra narcóticos ha sido la del predecesor de Calderón, Vicente Fox. Haciendo un discurso durante una conferencia contra el crimen en agosto de este año, afirmó Fox que él quería “iniciar un debate público” sobre dos cuestiones relacionadas: la primera, que el gobierno mexicano debe pedir a “los grupos violentos” una tregua, y la segunda, que el gobierno debe “evaluar la conveniencia de una ley de amnistía”.
Esa afirmación amplificó las críticas que el ex presidente había expresado sobre la estrategia de Calderón de agosto del 2010 cuando Fox subió en su blog particular un ensayo en el que propuso la legalización de drogas. Si esos comentarios no fueran suficientes para señalar la ruptura con las políticas de su sucesor, Fox también favoreció una terminación rápida de las misiones de seguridad interna de parte de los servicios militares. Y en una crítica final dirigida a Calderón, afirmó que la violencia desborda dañaba la reputación de México en todo el mundo y que socavaba la legitimidad doméstica del gobierno. Enfatizó Fox que “la primera responsabilidad del gobierno es brindar la seguridad para la gente y sus bienes”. Pero “hoy, encontramos que, desafortunadamente, el gobierno mexicano no está cumpliendo con dicha responsabilidad”.
Cuando él leyó el blog, Calderón podría ser olvidado si no hubiera respondido “¿et tu, Brute?” Y la opinión de Calderón acerca de su predecesor sin duda no se mejoró durante el siguiente año cuando Fox sugerió que el gobiero considerara una tregua con los carteles y cuando el ex presidente propuso la legalización de drogas en un foro de política en Washington, D.C., que organizó Cato Institute, organización que se opone a la guerra contra narcóticos.
Pero Fox parece reflejar mejor que Calderón la tendencia pública. Varios asuntos indican que Fox no es el único miembro del elite político de México que desea un cambio drástico respecto a la guerra contra las drogas. Un reporte del 2010 realizado por las Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, la cual incluye entre su membresía a más de una decena de ex líderes políticos, diplomáticos y otros dignatarios, criticaron fuertamente la guerra. Tres líderes de esa comisión, entre ellos el ex presidente de México, Ernesto Zedillo, más tarde publicó un editorial en el periódico “Wall Street Journal”, en el cual expresaron su tésis categóricamente. “La guerra contra las drogas ha fracasdo”, dijeron, y que “las políticas prohibicionistas en base a la erradicación, interdicción y la criminalización del consumo simplemente no han funcionado. La violencia y el crimen organizado asociado con el comercio de narcóticos continúan como problemas críticos en nuestros países”.
La participación de Zedilla en el editorial —así como su firma en un reporte aún más prestigioso que fue publicado en junio del 2011 por la Comisión Munidal de la Política de Drogas— es una indicación más que el desencanto con la guerra contra drogas está creciendo entre la élite política de México. El Partido Revolucionario Demócrata (PRD), uno de los tres partidos políticos en México, favorece la legalización de las drogas.
Santiago Creel, el candidato principal del Partido Revolutionario Institucional (PRI)  para presidente en el 2012, afirmó que si es elegido como el primer mandatario, él retiraría al ejército mexicano de la lucha contra los carteles.

Ted Galen Carpeter es investigador principal de Cato Instituto.