Deteniendo los abusos de poder en el Condado de Maricopa

 En países como Irán nosotros regularmente observamos la disidencia brutalmente aplastada y a los enemigos políticos encarcelados. El Alguacil del Condado de Maricopa Joe Arpaio y el Fiscal del Condado Andrew Thomas se están comportando de una manera similar. Es por esto que el gran jurado federal está investigando a Arpaio.

 Arpaio y Thomas utilizan su popularidad y su poder para embarcarse en un reinado de intimidación legal. Excepto que, a diferencia de Irán, a última instancia podrían ser restringidos por ese mismo juramento que están rompiendo — a la defensa de la Constitución de Estados Unidos "desempeñar imparcialmente las funciones de la oficina".

 La lista de los oponentes políticos y retribuciones sigue creciendo. El alcalde de Phoenix Phil Gordon, un franco oponente de Arpaio, fue visitado por delegados del Alguacil.  Los supervisores del Condado Don Stapley y Mary Rose Wilcox están bajo acusaciones cuestionables. Cuando el fiscal de Wilcox, Colin Cambell, censuró los cargos, él también fue visitado por los delegados del Alguacil. El procurador general Terry Goddard, quien posiblemente por lógica se involucró, es también objeto de investigación por el Alguacil y el Fiscal del Condado.

 Una acusación anterior en contra de Stapley ha sido rechazada.

 Mientras tanto, Thomas y Arpio han presentado una demanda en contra de la Suprema Corte de Justicia, sugiriendo una conspiración en su contra y de lo que han hecho. Esta demanda menciona a los cinco miembros del consejo de supervisores, como también al administrador del condado David Smith; a la diputada del Condado Sandy Wilson; a los cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia de Maricopa; al Director de la Litigación Civil; a dos abogados y a un bufete de abogados. Días después, Thomas fue todavía más lejos, fue más adelante presentando cargos criminales en contra de Gary Danohoe, Presidente del Jurado Criminal de la Suprema Corte, acusándolo de obstaculizar enjuiciamientos, obstruir investigaciones criminales y de soborno.

 Casi al mismo tiempo, después de que un ayudante del Alguacil había claramente violado los privilegios de un cliente y se había negado a aceptarlos frente al juez, en vez de acusarlo por conducta inapropiada, el Alguacil le aplaudió, motivándolo a hacerlo otra vez en protesta, aun cuando las funciones del tribunal se vieran sobajadas.

 Todo lo cual condujo a la censura del público por parte de Sheila Polk que es Fiscal del Condado de Yavapai, una republicana conservadora que Thomas  escogió para acelerar el proceso y presentar cargos en contra de Stapley. El 21 de diciembre en el diario 'Arizona Republic', Polk dijo, "Ya no puedo solo quedarme sentado y ver los abusos de poder por parte del alguacil Arpaio y el fiscal del condado Andrew Thomas". El ayudante de Arpaio, David Hendershot, replicó, sugiriendo que el FBI tendría que investigar a Polk.

 Los ciudadanos activistas que ya habían criticado a la Oficina del Alguacil en las juntas del Condado de Maricopa fueron arrestados cuando estaban pacíficamente parados afuera del edificio, y, en un caso separado, por aplaudir durante los comentarios públicos. En el primer caso, Randy Parraz, del Condado de Maricopa para la Seguridad y Rendición de Cuentas de los Ciudadanos, fue esposado como si hubiera cometido un crimen violento. El Fiscal del Condado trató los dos casos como si fueran crímenes mayores, presentando cargos totales. Ocho meses después en el juicio, en defensa, el juez Armando Gandarilla dijo, "La acusación es maliciosa y probablemente sin causa alguna", y ordeno al departamento de contabilidad del condado a pagar todos los gastos legales que se incurrieron.

 Al tiempo que el caso federal Ortega Melendres vs. Arpaio sobre derechos civiles continúa avanzando, vamos a encontrar que ciudadanos estadounidenses han sido indebidamente arrestados, las violaciones de los inmigrantes que han ocurrido por parte de la oficina del Alguacil, también está oficina tiene los derechos de la Cuarta Enmienda violados, y la oficina del Alguacil ha sistemáticamente participado en la discriminación racial. El Alguacil, en una declaración del caso recientemente publicado, indicó un entendimiento limitado de la Cuarta Enmienda y dijo que él no buscaba entrenar al personal para evitar perfiles raciales.

 En última instancia, la corte y el gobierno federal pueden ayudar a revisar los abusos de poder. Pero la más importante verificación recae en la urna electoral. Después de ser cómodamente reelecto en el 2008, nosotros tenemos que preguntarnos si, la próxima vez, los votantes le darán a Arpio y a Thomas sus cartas de despido.